La Comisión de Fiscalización, este 21 de enero, abrió la etapa de sustanciación del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, que incluye ocho acusaciones de incumplimiento de funciones planteadas por el legislador, Darwin Pereira de la bancada Pachakutik.
Las ocho acusaciones en contra de la funcionaria encargada del control del sistema financiero tienen relación con incumplimiento de funciones en el control sobre la captación ilegal de dinero, falta de control en las actividades financieras no autorizadas, renegociación de deudas, reclamos y quejas de fraude informático, pagos por convenios de cooperación, falta de control de actividades del sistema financiero y ausencia de defensores del cliente en las instituciones financieras.
En el primer día de comparecencias, la mesa de Fiscalización recibió a Solanda Goyes, quien se presentó como coordinadora del colectivo de perjudicados del banco del Pichincha que reúne a más de 200 personas. Describió su caso personal que según dijo le permitirá a la comisión conocer la dimensión de lo que sucede con la inseguridad en la banca y la falta de control de la superintendencia.
Relató que en junio de 2015, gestionó un crédito hipotecario con el banco de Pichincha y le depositaron en su cuenta corriente $31.911, pero que el 26 de junio se aperturan dos cuentas de ahorros en el banco de Pichincha por parte de una señora que suplanta la identidad de una ciudadana M.CH., de la ciudad de Cuenca, que luego cobra tres cheques de Solanda Goyes, que según dijo jamás giró y que sumados asciende a $14.530. El robo, añadió, se realizó en tres agencias en Quito en un tiempo de 52 minutos.
Nueve días después del hecho se cierran las cuentas y Goyes presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y en enero de 2016, la institución financiera destruyó los cheques, por lo tanto, las evidencias, dijo, cuando la ley manda a las instituciones financieras a conservar los papeles hasta por diez años.
El banco, añadió la afectada, hizo la consulta a la superintendencia sobre el tiempo de conservación de los documentos y la respuesta fue que se puede destruir los documentos a los seis meses, siempre que no estén dentro de un proceso judicial, y el caso de Solanda Goyes, ya tenía una denuncia en la Fiscalía.
En el 2019, con toda la información, la fiscal de Soluciones Rápidas No. 3, frente a la falta de entrega de información por parte de la institución financiera solicita el archivo de la causa, sin embargo, en las razones que expone determina que existe el delito de suplantación de identidad y uso de documento falso.
La Fiscal remitió el expediente a la Superintendencia de Bancos para que establezca las responsabilidades y sanciones respecto del banco.
La Superintendencia primero resolvió archivar el pedido de la Fiscalía, cuando tiene la obligación de investigar, ejercer las actividades de vigilancia, auditoría y la intervención y control de las actividades económicas, afirmó Goyes, quien ante la comisión afirmó que en el 2021, el banco admitió error y se comprometió depositar los $14.530.
Cristian León, señaló que la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, incumplió funciones en el proceso de designación de los defensores del cliente a nivel nacional. Mediante resolución del 19 de agosto de 2020, expidió la norma de control de los defensores del cliente que regula el proceso de designación; sin embargo, afirmó que los actuales defensores están prorrogados las funciones por dos años inobservando los principios de alternabilidad propios del desempeño de cargos públicos.
Graciela Bustamante, expuso su caso relacionado con una póliza del banco de Pichincha, donde la Superintendencia, a su criterio, no actuó ni resolvió su caso relacionado con débitos no autorizados que superan los $14.000. Que la defensoría del cliente tampoco la ayudó.
José Paredes Coque, médico veterinario, se presentó ante la Comisión de Fiscalización como perjudicado del banco del Pichincha y aseguró que en mayo 2021 fue objeto de robo de $10.000 de su cuenta vía transferencia electrónica cuando el tenía como monto máximo autorizado de $1.500 para hacer transacciones diarias. Frente al caso presentó la denuncia por robo y que desde el banco le señalaron que él entregó la clave; en tanto, que la Superintendencia argumentó que el banco de Pichincha no tiene responsabilidad alguna en su caso.
El próximo lunes continuarán las comparecencias.
