La noche del lunes 7 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral que regula el uso progresivo de la fuerza y es impulsado por el Gobierno. La propuesta será tramitada por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral.
El proyecto de ley del Ejecutivo será tramitado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que ya procesa otras tres iniciativas que también abordan el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El pasado 27 de enero, la Comisión de Soberanía, presidida por el asambleísta Ramiro Narváez (ID), decidió que unificará los cuatro proyectos, incluido el del Gobierno, para tratarlos como uno solo.
Además de la Ley de Seguridad Integral, la mesa tiene a su cargo la propuesta presentada por el expresidente de la Asamblea, César Litardo (AP), así como la del exlegislador César Solórzano (PSC), y el cuerpo legal planteado por la actual asambleísta Marcela Holguín (UNES).
La iniciativa del Ejecutivo, que lleva la firma del presidente Guillermo Lasso, contiene 46 artículos divididos en siete títulos. Se reforman seis leyes: Ley de Seguridad Pública, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial.
El proyecto define el uso progresivo de la fuerza como “el empleo de fuerza física por parte de servidores policiales, militares o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para cumplir su misión constitucional y legal de protección de derechos y libertades”.
Para su correcta aplicación se proponen una serie de normas que lo regulan. Además, se señala que el uso de la fuerza “debe someterse a la graduación y adecuación de los medios y métodos a disposición del servidor público de acuerdo a los niveles de riesgo, ataque, resistencia o cooperación”.
Tanto el presidente de la República como la ministra de Gobierno han insistido a la Asamblea procesar el documento con la misma celeridad de un proyecto urgente en materia económica; es decir, en 30 días.
Además de la Ley de Seguridad Integral, el CAL también calificó y asignó otros cuatro proyectos de iniciativa legislativa:
La Comisión de Transparencia asumirá el trámite del Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, propuesto por la asambleísta Patricia Sánchez (PK).
La Comisión de Educación procesará proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, de iniciativa de la parlamentaria Pamela Aguirre (UNES).
La mesa de Régimen Económico tratará el proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, del asambleísta Ramiro Narváez (ID)
Y la Comisión de Justicia analizará la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, presentada por el asambleísta Javier Jurado (UNES).
Adicionalmente, el CAL dio un plazo de tres días para que la Unidad Técnica Legislativa (UTE) entregue un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra de la Presidenta y Vocales del Consejo de la Judicatura, que es promovido por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín.
